Registro de Antecedentes Penales de las Personas Jurídicas por delitos de corrupción y contra el orden económico

Según la Disposición, se incorporarán en aquel, “de manera progresiva y correlativa testimonios digitales de toda comunicación enviada por los magistrados con competencia penal respecto de sanciones que hayan adoptado contra personas jurídicas privadas en el marco de las Leyes N° 26.733 y 27.401”. Estas leyes incluyen delitos de corrupción y delitos contra el orden económico.

La Disposición enuncia la información que los magistrados deberán aportar sobre las personas jurídicas sancionadas para su correcta identificación. Se prevé que esta información sea registrada “en prontuarios íntegramente digitales”.

Así, se establece que las comunicaciones y pedidos de informes que se remitan al Registro Nacional de Reincidencia, deberán contener lo siguiente: a) tribunal y secretaría intervinientes y número de causa, b) tribunales y secretarías que hayan intervenido con anterioridad y números de causas correspondientes, c) nombre, razón social o denominación de la persona jurídica, d) nombre y apellido, DNI, matrícula profesional y domicilios constituidos del representante legal, e) datos de inscripción en el registro público respectivo, f) clave única de identificación tributaria (CUIT), g) domicilio de la persona jurídica y/o su sede social, h) condenas anteriores y tribunales intervinientes, i) fecha y lugar de comisión del delito, nombre del o de los damnificados y fecha de iniciación del proceso, j) calificación del o de los hechos.

Con respecto a los informes suministrados por el Registro Nacional de Reincidencia sobre esta base de datos, se dispone que solo sean librados cuando sean solicitados por aquellos autorizados por el artículo 8 de la Ley N° 22.117 del Registro Nacional de Reincidencia. Esto incluye a diversas autoridades tanto locales como extranjeras con las que existan acuerdos de intercambio de información y a los particulares, pero únicamente respecto a su propia situación.

El Registro Nacional de Reincidencia, tal como expresa la Disposición, tiene por función centralizar la información relativa a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción del país. En este marco, esta nueva Disposición crea una base de datos específica para las personas jurídicas, que permitirá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Anticorrupción N° 27.401, la que de manera expresa, en sus artículos 14 y 25, dispone que el Registro Nacional de Reincidencia recibirá las comunicaciones referentes a las rebeldías y condenas declaradas por los delitos previstos en esa Ley.

A través de la Disposición N° 11/2018, la Argentina podrá tener un Registro específico, centralizado y digital de reincidencia para las personas jurídicas, lo cual implica un avance importante en la implementación de las normas anticorrupción.