Nuevo intento del Ejecutivo para privatizar Aerolíneas 

El 2 de octubre de 2024, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 873/2024. Allí se declaró a la empresa Aerolíneas Argentinas SA como sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23696 de Reforma del Estado.

La Ley 23696 regula el procedimiento de privatización de empresas y sociedades cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado. Bajo esta Ley, se llevaron a cabo las privatizaciones más importantes en la Argentina en la década del 90. Por su parte, la Ley 27742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos remite a la Ley 23696 y ha introducido ciertas modificaciones en ella.

Según esta norma, la declaración de “sujeta a privatización” debe ser hecha por el Poder Ejecutivo Nacional y, posteriormente, debe ser aprobada por el Congreso de la Nación (ver comentarios sobre este tema en “Privatización de empresas y sociedades estatales. Régimen aplicable”).

Entre sus fundamentos, el Decreto 873/2024 destaca que el Gobierno Nacional se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte y, particularmente, de transporte aéreo. El objetivo es incrementar la competitividad de la economía y mejorar la calidad de los servicios. En este contexto, se subraya la relevancia estratégica del sector aerocomercial para el transporte, el flujo de pasajeros, el comercio y el desarrollo de las economías regionales.

El Poder Ejecutivo señala que la privatización y la operación de la empresa en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, además de preservar las finanzas públicas.

De esta manera, la medida busca que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial y genere un entorno competitivo en igualdad de condiciones.

De acuerdo con el régimen de privatizaciones vigente, el artículo 3 del Decreto 873/2024 ordena que la declaración sea comunicada al Congreso de la Nación y se destaca que el proyecto tiene el trámite parlamentario prioritario establecido por la Ley 23696.

Por último, el Decreto establece que la declaración estará sujeta, en lo que sea compatible o no se oponga, al régimen sobre privatizaciones en el Capítulo II del Título II de la Ley 27742.