Necesidad de intervención judicial para requerir geolocalización

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la nulidad de la prueba consistente en un informe presentado por un prestador de telefonía a pedido del fiscal de la causa. Este contenía información sobre las celdas de conexión habilitadas y la correspondiente ubicación geográfica del teléfono celular de un usuario investigado.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la información requerida por el fiscal, el tribunal sostuvo que la medida impactaba directamente sobre la protección constitucional de la vida privada y el derecho a la intimidad, de la protección de los datos personales y de la autodeterminación informativa.

En ese sentido, destacó la diferencia entre la facultad de los fiscales para requerir informes sobre datos básicos de los usuarios investigados y para requerir información sobre su ubicación geográfica, ya que en este último supuesto se trata de información de mayor sensibilidad desde la perspectiva de la privacidad.

Asimismo, sostuvo que el avance de las nuevas tecnologías produjo la aparición de nuevas formas de criminalidad que exigen técnicas especiales de investigación y nuevos medios de prueba.

Uno de estos nuevos medios de prueba es la información que proporciona poder identificar  las celdas correspondientes a las cuales se conectó un teléfono móvil.  Esto permite determinar el lugar en donde  se encontraba un teléfono móvil en distintos momentos.

Con citas de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como así haciendo referencia a un reciente caso resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el tribunal señaló que los usuarios mantienen una razonable expectativa de privacidad respecto de la información que registran sus teléfonos móviles sobre sus movimientos, que quedan  almacenados por las empresas de telecomunicaciones.

En virtud de esta expectativa de privacidad que tienen los usuarios, el tribunal consideró que resulta necesaria la orden de un juez para poder requerir esta clase de información de geolocalización.