Convenio de Budapest sobre ciberdelitos

Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado un proyecto de ley (el “Proyecto”) que aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (ETS No. 185), adoptado en Budapest, Hungría (el “Convenio”).

El Convenio fue aprobado en 2001 y es el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos y obtención de evidencia digital.  Pese a haber sido ideado en el marco del Consejo de Europa, la participación se encuentra abierta a todos los países. En la actualidad, el Convenio ha sido ratificado por 54 naciones, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia, Canadá y Alemania.  

Su objetivo central es la elaboración de una política penal común para proteger a las sociedades del ciberdelito. En este sentido, el Convenio contiene disposiciones relacionadas con el derecho penal material y prevé tipos penales, por ejemplo, la estafa informática y las violaciones a la seguridad de los sistemas. Asimismo, el incluye aspectos procesales acerca de cómo obtener evidencia en entornos digitales y disposiciones de cooperación internacional.

Cabe destacar que, en 2008, la Argentina sancionó la Ley de Delitos Informáticos No. 26.338, e incorporó una serie de delitos al Código Penal, tomando como modelo las normas del Convenio de Budapest. En consecuencia, lo más novedoso de una adhesión al Convenio se vincula a los aspectos procesales y de cooperación internacional que contiene el acuerdo, ya que, en la Argentina, se siguen utilizando las normas del registro de secuestro de evidencia física para hacer un registro de datos de un sistema informático, lo que no resulta eficiente para la evidencia digital. La aprobación del Convenio implicaría una modernización en las formas de obtención de evidencia digital, que se aplicaría a la investigación de cualquier delito, no sólo los delitos informáticos.

Asimismo, la aprobación del Convenio implicaría ser parte de un sistema de cooperación internacional. En particular, la Argentina participaría en la Red 24/7, por medio de la cual cada país designa un punto de contacto para asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones.

En resumen, la aprobación del Proyecto implicaría un avance en materia de combate de delitos informáticos y obtención de evidencia digital.