Consorcio de propietarios multado por la AAIP

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) impuso una multa a un consorcio en Mar del Plata. La denuncia fue presentada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales debido a la instalación de cámaras de videovigilancia en las partes comunes del edificio sin previa notificación ni autorización de los consorcistas.

La denunciante argumentó que:

1. no había carteles informando la existencia de las cámaras de videovigilancia;
2. la base de datos no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos;
3. no obtuvo respuesta luego de solicitar el acceso y supresión de sus datos personales.

En consecuencia, la Dirección intimó al consorcio a que responda a la solicitud de la denunciante en 10 días. Además, la intimó a que en cinco días realice el registro de la base de datos correspondiente y coloque la cartelería informando a los titulares de los datos sobre la existencia de las cámaras de videovigilancia de acuerdo con la normativa vigente.

El consorcio manifestó que los argumentos son falsos, ya que las cámaras no realizan una grabación de imágenes, se instalaron en partes comunes del edificio y las imágenes son almacenadas por 24 horas en un servidor, y no son cedidas a nadie.

Sin embargo, luego de una inspección realizada en las instalaciones del edificio se concluyó que el equipo de videovigilancia tiene la capacidad de grabar y almacenar video incluso en ausencia de un disco duro.

En consecuencia, ante los incumplimientos del consorcio y de acuerdo con la decisión de la Dirección, la AAIP determinó que:

• la conducta del consorcio de no registrar la base de datos corresponde a una infracción grave;
• la recolección de datos personales sin proporcionar a sus titulares el derecho de información significa una infracción grave;
• no dar respuestas en tiempo y forma a la solicitud de acceso y supresión de la denunciante implica una infracción grave;
• la falta de acreditación de que el consorcio implementa las medidas técnicas y organizativas suficientes para garantizar la confidencialidad y la seguridad corresponde a una infracción grave;
• la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles implica una infracción muy grave.

En este contexto, se impuso al consorcio la suma de AR$ 410.005 debido a la comisión de cuatro infracciones graves y una infracción muy grave por no cumplir con la legislación vigente al momento de instalar cámaras de videovigilancia.