Las modificaciones al Código Civil abren nuevos debates respecto de la extensión de la responsabilidad de los directores, administradores, representantes y otros terceros en la quiebra.

Por Fernando D. Hernández

Un nuevo Código Civil y Comercial (“CCC”) consolidado e integrado fue promulgado en la Argentina el 7 de octubre de 2014 y entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, en reemplazo del Código Civil (originalmente promulgado el 29 de septiembre de 1869) y del Código de Comercio (originalmente promulgado el 10 de septiembre de 1862).

La Ley de Concursos y Quiebras No. 24.522 (“LCQ”) y sus modificatorias establecen la responsabilidad por los daños derivados de toda acción dolosa, por la cual se haya producido, facilitado, permitido o agravado la insolvencia del deudor. Adicionalmente, establecen la responsabilidad de otros terceros que hayan participado con dolo de cualquier acto tendiente a disminuir el activo del deudor o exagerar su pasivo (artículo 173 de la LCQ). A los efectos de la acción de responsabilidad en la quiebra, el dolo es definido, por referencia a la definición del término en el Código Civil para las acciones de responsabilidad civil por actos ilícitos, como todo acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar, conocido como “dolo directo” (artículo 1072 del Código Civil).

Desde su promulgación en 1995, la LCQ reformuló el sistema previo de atribución de responsabilidad establecido por la derogada Ley de Concursos y Quiebras No. 19.551, que originalmente extendía la responsabilidad de los administradores no solo a las consecuencias derivadas de actos dolosos, sino también a las consecuencias derivadas de cualquier acto que violara la ley, eliminando la culpa como factor de atribución de responsabilidad, según el artículo 173. Sin embargo, algunos precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial comenzaron a aplicar un concepto más amplio de dolo (conocido como “dolo eventual”) a los efectos de declarar a los demandados responsables según el artículo 173 de la LCQ. Estos precedentes jurisprudenciales definieron el dolo eventual, a los fines de la acción de responsabilidad en la quiebra, como cualquier conducta desarrollada con tal grado de desaprensión y ligereza, omitiendo los recaudos más elementales de cuidado y prevención, que el autor no puede dejar de representarse las consecuencias derivadas de sus actos. En otras palabras, se trata de una culpa de tal gravedad que debe asimilarse al dolo (“Ponce, Nuri Juana c/Ojeda, Alejandro Fidel”, CNCom Sala A, 12/03/2008, AR/JUR/4600/2008; “Rotográfica Argentina S. A. s/quiebra c/Llenas y Cía. S. A.,” CNCom Sala E, 13/04/2011, AR/JUR/20922/2011; “Instituto Ítalo Argentino de Seguros Generales S. A. c/Giorgetti Héctor Norberto y otros s/ordinario,” CNCom, Sala D, 04/02/2013, AR/JUR/136/2013, entre otros).

Ahora, el artículo 1724 del nuevo CCC (que reemplazó al artículo 1072 del Código Civil) recogió el concepto de dolo eventual en el derecho positivo, juntamente con el preexistente dolo directo, y los definió en los siguientes términos: “[e]l dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional [(dolo directo)] o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos [(dolo eventual)].”

Con esta modificación, se abren nuevos debates sobre la aplicación del dolo eventual como factor de atribución de responsabilidad según el artículo 173 de la LCQ; sobre la aplicación temporal del artículo 1724 del nuevo CCC, y sobre la manera en que este nuevo factor de atribución de responsabilidad será interpretado.

En términos generales, el artículo 7 del nuevo CCC establece que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo excepto disposición en contrario y la retroactividad establecida por las leyes no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Siguiendo algunos precedentes consistentes(1), la jurisprudencia reciente en materia de responsabilidad civil por actos ilícitos sostuvo que el nuevo CCC se aplica a las relaciones jurídicas futuras; a las relaciones jurídicas existentes –con respecto a las acciones pendientes de cumplimiento–; y a las consecuencias pendientes de las relaciones jurídicas existentes. Estos precedentes sostuvieron que, en las acciones de responsabilidad civil por actos ilícitos, la responsabilidad surge simultáneamente con la pérdida o daño. En consecuencia, en la medida en que dicha relación jurídica –la pérdida o daño– se haya consumado con anterioridad a la efectividad del nuevo CCC, debe ser juzgada según las previas reglas del Código Civil (“Martínez, José Eduardo c/Varela, Osvaldo Héctor y otros s/daños y perjuicios,” CNCiv Sala B, 06/08/2015, AR/JUR/28776/2015; y “Espinosa, Alejandro Agustín c/Metrovías S. A. y otros s/daños y perjuicios,” CNCiv Sala B, 11/08/2015, AR/JUR/28741/2015).

De acuerdo con estos precedentes, el artículo 1724 del nuevo CCC debería aplicarse solo a toda conducta ilícita según el artículo 173 de la LCQ efectivamente realizada con posterioridad al 1° de agosto de 2015.

La manera en la que la jurisprudencia interpretará la “manifiesta indiferencia por los intereses ajenos” también genera un alto grado de incertidumbre y el riesgo de una irrazonable expansión del estándar de atribución de responsabilidad en caso de quiebra, aún más allá de los límites de la jurisprudencia referida más arriba. Este resultado podría entrar en conflicto con la finalidad perseguida por la LCQ cuando expresamente derogó las conductas culposas como factor de atribución de responsabilidad en las acciones, según el artículo 173 de la LCQ.

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1. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en sesión plenaria, sostuvo que el acto ilícito se produce instantáneamente, sin estar sometido a acción alguna del tiempo. En consecuencia, la determinación de la existencia del factor de responsabilidad debe ser juzgada por la ley en vigencia en el momento del acto ilícito (“Rey, José J. c/Viñedos y Bodegas Arizu S.A.,” CNCiv en pleno, 21/12/1971, AR/JUR/123/1971).